EL GOBIERNO ENVÍA A GARZÓN LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN

Fuente fotografia del Juez baltasar Garzón (Wikipedia)
Fuente fotografía del Juez Baltasar Garzón (Wikipedia)

Público.es/DIEGO BARCALA – Madrid – 23/09/2008

Justicia, Cultura y Defensa aportan los documentos que acreditan el genocidio franquista.

El investigador Antonio Ontañón Toca, de 75 años, lleva dos décadas recuperando información de las fosas comunes de Cantabria. La investigación le llevó a Salamanca, al archivo de la Memoria Histórica. Sin esperarlo, se encontró a sí mismo, registrado como miembro de una familia que trató de exiliarse en barco ante la inminente llegada de las tropas franquistas a Santander. Estaba fichado como otros 3,5 millones de personas vigiladas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esos nombres han sido enviados ya por el Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional, tras la petición enviada por el juez Baltasar Garzón el pasado 28 de agosto.
El Gobierno, criticado por las asociaciones de familiares de víctimas de la represión por su desinterés en aplicar la ley de la Memoria Histórica, ha empezado a colaborar. El Ministerio de Justicia envió el pasado viernes la información guardada durante décadas en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Son los datos de las defunciones de los registros civiles, donde pueden encontrarse grupos de muertos sin nombre en partidas de defunción.
“Los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y de los vivos”, reflexiona Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su departamento controla los tres principales archivos de información que Garzón necesita para vincular los más de 140.000 desaparecidos documentados bajo un epígrafe que diga: genocidio franquista. “Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso… exterminio en definitiva”, informa Blanco.
La documentación aportada por Cultura se completará la próxima semana. En muchos de los casos, lo enviado a Garzón han sido resúmenes con el tipo de información disponible. “Hay cientos de volúmenes y muchos documentos no están digitalizados”, reconoce Blanco. El Ministerio ha enviado también 8.000 fichas de republicanos que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) como parte del posible proceso.
Ontañón comprobó el pasado lunes cómo el juez consultaba su libro Rescatados del olvido en la mesa de su despacho. Es la segunda gran compensación a su esfuerzo que disfruta en un mes. El pasado 28 de agosto recibió una “cariñosa” carta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le deseaba un “gran éxito” en un acto de homenaje a los “héroes de la República y la libertad”.
El Ministerio de Defensa ha dado una orden a través del tribunal militar central para que los cinco territoriales recopilen la información del paradero de los desaparecidos. Fuentes del departamento de Carme Chacón aseguran que existe “voluntad total de colaborar”. Defensa ha explicado al juez que el Ejército de Tierra podría añadir algún documento “puntual” de la represión.
(Fuente del artículo: ARMH)
(Artículo anterior por el mismo autor y fuente)
Los familiares de los represaliados reprochan al Gobierno que hayan sido ellos los que han elaborado el listado. La ley de la memoria histórica exige al Estado crear un mapa de fosas.

Público.es/DIEGO BARCALA – Madrid – 22/09/2008

El poeta Blas de Otero (Bilbao 1916, Madrid 1979) imaginó las listas de los fusilados con “nombres temblando en un papel” en su poema Me llamarán. Lo escribió en 1955 en su exilio en París y tituló al libro Pido la paz y la palabra. Medio siglo después, son los hijos y los nietos de los fusilados los que exigen voz. Lo hacen ya desde Madrid, en la Audiencia Nacional, ante el despacho del juez Baltasar Garzón. El magistrado recibió ayer un censo de víctimas con 143.353 nombres, apellidos, profesiones, lugar de nacimiento, muerte y causa de su desaparición (muerto con arma de fuego la mayoría).
La repercusión pública de las diligencias abiertas por el juez para investigar una posible causa penal de genocidio franquista, desde el 18 de julio de 1936 hasta décadas después de la guerra, ha dejado al descubierto el desamparo público que sufren las familias de los represaliados. Once asociaciones de allegados de estas víctimas acudieron ayer a la Audiencia Nacional con carpetas, fotos y listados inconexos. Algunos digitalizados y otros no. Miles de documentos encuadernados por voluntarios e historiadores aficionados. El resultado de casi una década de investigación que arroja un resultado estremecedor de cientos de miles de cuerpos bajo tierra.
“No nos sacamos estos nombres de la manga, nos lo hemos currado a base de grabadora y mesa camilla”, recrimina Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas que presentó la primera denuncia a Garzón el pasado 14 de diciembre de 2006. Maqueda se refiere a la investigación elaborada en cada pueblo para arrancar los testimonios y documentos necesarios con los que poner nombre a aquellos que fueron arrancados a sus familias y borrados para siempre durante décadas.

Hace ocho años eran 30.000

Sin apenas apoyo institucional, los voluntarios han conseguido indagar en registros civiles y en libros de difuntos para completar parte del recuento de una de las etapas más oscuras de la historia de España y no sólo por su tenebrosidad, sino por las dificultades para su investigación. De esa manera han conseguido que de los 30.000 desaparecidos que se creía había hace ocho años ahora pasen de los 143.000.
Esos nombres se suman cada día al proceso de documentación abierto en la Audiencia Nacional. “Son muchas las personas individuales que denuncian la desaparición forzosa de su padre o de su abuelo cada día”, añadió Fernando Magán, abogado de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El archivo y la conexión de todas las pruebas entregadas podría completar el censo definitivo de las víctimas del franquismo. Ese listado es la prueba que busca Garzón para declararse competente para juzgar una causa contra aquellos que de manera orquestada hicieron desaparecer a sus adversarios políticos. Si el juez se decide -fuentes de la investigación aseguran que lo hará “pronto”- dejaría en evidencia “la falta de voluntad política” del Gobierno para cumplir con los artículos de la ley de la memoria histórica que exigen la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de desaparecidos.
“Le pedimos al Gobierno que ponga firme al personal. La mayoría de las fosas están en los cementerios que, o son municipales o pertenecen a la Iglesia. Así que está claro a quién tienen que pedir las pruebas”, denunció, Cecilio Gordillo, representante del sindicato CGT en la plataforma. “De momento, no se ha recibido ninguna documentación de la requerida a la Iglesia”, informó Magán.

Sólo Catalunya y Galicia

Ni siquiera la petición de información por parte del juez está facilitando la colaboración de algunas instituciones clave como la Conferencia Episcopal y los Ayuntamientos. “Muchos municipios se sienten desvinculados al no haber sido nombrados por el juez”, denunció Gordillo. Sólo los gobiernos de Catalunya y Galicia han aportado documentación sin que se les haya sido requerida por el magistrado. “Nosotros podríamos haber mirado a otro lado y haber esperado que se murieran los testigos y los familiares directos o simplemente habernos conformado con la Ley, pero no lo hicimos”, reclama Maqueda.
La Ley, que no ha sido aplicada por el Gobierno a pesar de estar en vigor desde hace casi un año, fue rechazada por el 95% de las asociaciones de víctimas, recordaron ayer los voluntarios.

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