De fosas y desaparecidos…La tribuna de Fco. Espinosa Maestre

Muy recomendable leer a…

Francisco Espinosa Maestre

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Francisco Espinosa Maestre, nacido en Villafranca de los Barros, Badajoz, en 1954, es un historiador español, afincado en Sevilla[1] .

Doctor en Historia, ha realizado varios estudios sobre la Guerra Civil Española especializándose en sucesos de Andalucía y Extremadura. Entre sus obras destacan:

  • La Guerra Civil en Huelva, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, España. ISBN 84-8163-387-9
  • La Justicia de Queipo: Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936. Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz.. Montilla (Córdoba. Bibliofilia Montillana, Cofradía de la Viña y el Vino, 2000. ISBN 84-95197-18-9)
  • La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Barcelona. Crítica, 2003. ISBN 84-8432-431-1
  • El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española (2005)
  • Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil (2006)

Ha colaborado igualmente en obras colectivas como:

  • Sevilla, 1936: Sublevación fascista y represión (1990) (Coordinada por Alfonso Braojos y Julián Casanova)
  • Morir, matar, sobrevivir: La violencia en la dictadura de Franco (2002) (Coordinado por Julián Casanova)
  • Miguel Domínguez Soler: Ayamonte, 1936. Diario de un fugitivo (En colaboración con Manuel Ruiz Romero)

En 2005 forma parte del grupo del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Sevilla, desde el que investiga la reforma agraria de la II República en la provincia de Badajoz. Sobre este tema leyó su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla el 22 de enero de 2007. La tesis la dirigió el catedrático Antonio Miguel Bernal y el tribunal lo presidió el historiador Josep Fontana.

Doctor en historia Fco. Espinosa Maestre

Doctor en historia Fco. Espinosa Maestre

Artículo del Doctor en Historía Francisco Espinosa Maestre:

El objetivo del movimiento por la memoria no es castigar a los responsables de la represión de la dictadura sino identificar a las víctimas, facilitar la información a sus familiares y permitir su digna sepultura

La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.

La noticia en otros webs

Los 130.000 muertos del franquismo son sólo las descubiertas por investigadores particulares

El Gobierno debe asumir que los desaparecidos son cosa del Estado y no de humildes asociaciones

Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la “guerra civil fratricida” se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.

Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales… y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.

Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.

Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos…) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.

El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:

El Ejército. Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.

La Guardia Civil. Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.

La Policía. La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).

Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.

El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.

Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.

La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.

El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.

Os recomiendo la lectura del Doctor en Historia Fco. Espinosa Maestre, tanto de sus libros como de los artículos publicados (Veréis bastantes en la página de la ARMH), ya que además de su categoría como historiador, sus puntos de vista parecen de lo más obvio, pero están razonados y fundamentados en los hechos históricos desde un punto de vista que a muchos no les parece objetivo. Pero lo cierto es que sólo nos contaron una versión de la historia y el profesor nos enseña la otra cara de la moneda con argumentaciones de peso basadas en documentaciones, relatos e investigaciones muy profesionales.

La historia de España necesita hombres que la reconstruyan y nos enseñen quienes fuimos para saber quienes somos y eso indudablemente es lo que hace Francisco Espinosa Maestre, aunque no guste a los del  pensamiento único.

Bibliografía de Fco. Espinosa Maestre:

LA GUERRA CIVIL EN HUELVA (4ª ED.)

La Primavera del frente Popular de Fco. Espinosa

La Primavera del frente Popular de Fco. Espinosa

de ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO

DIPUTACION DE HUELVA
(0) !Vota!
17.0×24.0 cm
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788481633870
Nº Edición:4ª ED. REV. Y AUM.
Año de edición:2006
Plaza edición: HUELVA

LA JUSTICIA DE QUEIPO: VIOLENCIA SELECTIVA Y TERROR FASCISTA EN L A II DIVISION EN 1936
de
ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO

EDITORIAL CRITICA
(0) !Vota!
15.0×23.0 cm      416 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788484326915
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BARCELONA
EL FENOMENO REVISIONISTA O LOS FANTASMAS DE LA DERECHA ESPAÑOLA
de
ESPINOSA MAESTRE, FRANCISCO

DEL OESTE EDICIONES
(0) !Vota!
14.0×20.0 cm      104 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788488956682
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: BADAJOZ
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