Memoria Histórica Esto no es Alemania…

Fotografía de José Mira Casals en el Congreso de los Diputados. Asistencia de familiares a la solicitud de IU para revidar la Ley de la RMH

Enero 15, 2010

Emilio Campmany

Si a El País le parece mal, que promueva su ilegalización por los crímenes que pudieron cometer sus miembros durante la guerra. Pero que se lleve cuidado, a ver si el que termina siendo ilegalizado es el PSOE por los que cometieron los suyos.

El Tribunal Supremo ha admitido la personación de Falange Española de las Jons en la causa abierta por la Sala Penal al juez Baltasar Garzón por supuesto delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo. Se trata de la misma causa ya abierta por las querellas de dos asociaciones. La cosa no tiene mayor trascendencia, pues admitida en su día, el Tribunal Supremo no puede hacer otra cosa que aceptar la personación de Falange si su querella es idéntica a las de los que actuaron antes.

El País compara la imposible noticia de que el Supremo alemán aceptara una querella del NSDAP (el partido nazi alemán) contra un juez por investigar los crímenes del nazismo con el hecho de que hoy el Supremo español admita la personación de Falange en la querella contra Garzón.

Naturalmente, el diario independiente de la mañana olvida algunas cosas que diferencian ambos supuestos. La primera y más importante es que el NSDAP en Alemania es ilegal y, por lo tanto, no puede presentar una querella contra nadie ni por nada. La segunda, también relevante, es que en Alemania los crímenes del nazismo son perseguibles y en España los del franquismo no lo son porque hay una Ley de Amnistía de 1977. Detalle importante de esta ley es que no sólo impide investigar los crímenes del bando nacional, sino también los del bando republicano. Precisamente por eso, la única persona viva con conocidas responsabilidades por actos que podrían ser considerados criminales, Santiago Carrillo, nunca ha podido ser llevado ante los tribunales.

Falange Española de las JONS es un partido legal en España. Y desde el momento en que lo es, puede presentar cuantas querellas desee. Y los tribunales las tramitarán si están suficientemente fundadas. Si a El País le parece mal, que promueva su ilegalización por los crímenes que pudieron cometer sus miembros durante la guerra. Pero que se lleve cuidado, a ver si el que termina siendo ilegalizado es el PSOE por los que cometieron los suyos.

Lo que hay detrás de todo esto, del escándalo que manifiestan por la existencia de Falange y todo lo que rodea a la Ley de Memoria Histórica, es una consciente y fría violación de lo acordado durante la Transición. Ésta fue posible porque derecha e izquierda pactaron la reconciliación. Una reconciliación basada en el reconocimiento de que, con independencia de quienes fueron los vencedores y quienes los vencidos, la culpa de lo ocurrido correspondía por igual a los dos bandos. Por eso, junto a la estatua de Franco, infamante para la izquierda, se levantaron la de personajes de paralela infamia para la derecha, como Negrín, Prieto o Largo Caballero. Para la progresía de hoy, ese pacto no debe seguir respetándose. Y por eso quitan las estatuas de los unos, y nos dejan las de los otros.

Si les molesta la Ley de Amnistía, cuya vigencia es la que fundamenta la querella contra Garzón, que promuevan su derogación. Así ya podrá el juez estrella y otros que deseen subirse al carro investigar todos los crímenes que quieran. Pero, de momento, no lo harán porque, si derogaran esa ley, el primero que tendría que sentarse en el banquillo es uno de los suyos, Santiago Carrillo. Cuando éste muera, quiera Dios que ocurra dentro de muchos años, ya verán como se ponen a ello.

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NOTA DEL EDITOR:

Y que en parte el Sr. Capmany argumenta bien y con fundamento cuando se refiere a los hechos de la Transición, pero como siempre,  las lecturas tienen diferentes visiones,  y éste,  olvida también cosas tan básicas como que la culpa compartida por ambos bandos no se sostiene, sobre todo porque  hablamos de un golpe de Estado contra un régimen legalmente constituido (hecho irrefutable por otra parte independientemente de sus acierto o desacierto en gestionar las circunstancias que lo envolvieron), tampoco  tiene justificación alguna el comparativo de juicios entre los dirigentes del bando  golpista y los responsables del gobierno legal, entre otras causas (y  omitida ya la de la legalidad gubernamental) por la durísmima represión ejercida sobre los vencidos,  y que fue orquestada y ordenada como una limpieza ideológica del país, es decir, un genocidio ideológico. Por otra parte, tampoco tiene en cuenta que sobre las leyes nacionales deberían prevalecer las leyes de derecho internacional,  que además este país tiene firmadas y ratificadas, eso, sin entrar en  que las recomendaciones de los organismos internacionales  así lo recomiendan (ver recomendación del informe de Naciones Unidas a tal efecto). Otra y no menos importante, es que aquí con la excusa de la Transición (la cual no voy a entrar a valorar ahora) se omite y se salta a la torera una de las leyes fundamentales contra los crímenes de “lesa humanidad”, y que es la no prescripción de los mismos (aunque se argumente que dicha ley es posterior a la guerra civil, lo cual es cierto, como también es cierto que la represión continuó hasta el año 1975, en cuyo caso la ley estaba ya en vigor). Y por no extenderme, también es cierto que a Falange le asiste el derecho de interponer la querella porque no está ilegalizada, y que el Tribunal Supremo está en la obligación de admitirla por tal causa, pero ello no implica una sin razón más que manifiesta, es decir, que la democracia que ellos nunca quisieron e intentaron destruir sea precisamente la que actualmente ampare sus tropelías y las revierta contra las propias víctimas, con el oprobio resultante a sus familias; y es que precisamente,  la Cosntitución española y los acuerdos de la Transición son los  los que deben ser revisados y actualizados  tal y como sucedió en Argentina con la “Ley de punto y final”, que sirvió  para facilitar el tránsito a la normalización democrática , pero que no ha evitado los juicios a los militares de su dictadura.  Todo esto sin entrar, en que nuestra jefatura de Estado es una imposición efectuada por el dictador y no legitimada por el pueblo en las circunstancias actuales. Y así podríamos estar discutiendo infinitamente, lo cual está bien, pero eso no significa que no sigan habiendo muertos no reconocidos, desaparecidos, juicios sumarios sin anular, gente sin identidad o con falsas identidades, exiliados y enterrados en cunetas, barrancos, fosas comunes y archivos polvorientos como si nunca hubiera pasado absolutamente nada, mientras que los verdaderos causantes de tan magna desgracia, que no son más que los golpistas, siguen teniendo sus reconocimientos, sus calles, plazas, monumentos, tumbas, placas, etc., etc., y que encima, ahora resulta que  el escarnio  lo sufren ellos que fueron los verdugos. Y el Sr. Capmany estará o no  de acuerdo,  pero el hecho, es que la historia se puede leer de muchas maneras, lo que no se puede es  cambiar el hecho acontecido sin más. Sucedió lo que sucedió y eso siempre estará ahí, en nuestra historia. Así que es cierto que no somos Alemania, ni Argentina , ni Chile, pero tenemos mucho que aprender de cómo recuperar nuestra historia, de cómo mantenerla viva como recuerdo que nos enseñe lo fue, y sobre todo lo que nunca tuvo que ser. Y sólo le pueden temer a eso, aquellos cuya conciencia no les permita vivir sin la justificación de que hicieron algo terrible y que no hay argumento ni objeción que sostengan sus actos, por mucha bendición eclesiástica que tuvieran en su día  (hasta la Iglesia ya ha pedido perdón por ello) y bajo la ignominiosa demagogia de una sola patria , grande y libre. No Sr. Capmany,  no somos Alemania ni falta que nos hace, pero deberíamos aprender de ellos.

Jordi Carreño Crispín

Vicepresidente de La Memoria Viv@

[PDF] España y la ONU: La “cuestión española” (1945-1950)

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